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Propuestas para el profesorado ante las elecciones generales del 29N

22 de noviembre de 2026

El próximo 29 de noviembre de 2026 estamos llamados a las urnas en unas elecciones generales que han llegado antes de lo previsto, con las Cortes disueltas y con muchos asuntos pendientes encima de la mesa. Entre ellos, los educativos. Y entre los educativos, los que afectan directamente a quienes cada mañana abren la puerta de un aula. Por eso quiero aprovechar este espacio para dejar por escrito unas propuestas para el profesorado que, gobierne quien gobierne a partir de diciembre, deberían estar en la agenda del próximo Gobierno de España.

No es un programa electoral ni pretende serlo. No te voy a decir a quién votar, porque eso es cosa tuya. Lo que sí te voy a contar es lo que creo que necesita la profesión docente para que siga mereciendo la pena dedicarse a ella. Y te lo cuento desde tres sitios a la vez: desde el aula en la que estuve, desde los centros que visito como inspector y desde el acompañamiento que hago cada año a cientos de opositores que quieren entrar en esta profesión.

Una legislatura que se cierra con deberes pendientes para el profesorado

Conviene empezar por el contexto. La disolución de las Cortes ha dejado sin aprobar el proyecto de ley que reducía las ratios y fijaba un tope a la jornada lectiva: 22 alumnos por aula en Primaria y 25 en ESO, 23 horas lectivas en Infantil y Primaria y 18 en el resto de enseñanzas. Era una norma que el profesorado llevaba años pidiendo y que, de momento, se queda en el cajón. Tampoco ha llegado el Estatuto Docente, que seguimos esperando desde hace demasiado tiempo.

Así que la próxima legislatura no empieza de cero, pero casi. Y precisamente por eso es el momento de tener claro qué pedimos.

Primera propuesta: mejorar la consideración social del profesorado

La consideración social de una profesión no se decreta en el BOE. Se construye con decisiones que demuestran que esa profesión importa. Y en el caso del profesorado hay dos decisiones que, a mi juicio, son imprescindibles.

La primera es una carrera profesional docente incentivada, que haga atractiva la docencia no solo para entrar, sino para quedarse. Hoy una maestra que aprueba la oposición con veinticinco años puede jubilarse haciendo prácticamente lo mismo y con una progresión que depende casi en exclusiva de los trienios y los sexenios. No hay tramos, no hay reconocimiento real de la formación, de la tutorización de prácticas, de la coordinación de proyectos o de la innovación que tanta gente hace por su cuenta y sin que nadie se lo pida. Una carrera profesional con escalones claros, voluntarios, evaluables y con reflejo retributivo es la mejor manera de decirle al profesorado que su desarrollo profesional cuenta.

Y esto ya no es solo una cuestión de justicia, sino de supervivencia del sistema. En algunas especialidades ya cuesta encontrar profesorado, y la competencia con el sector privado es evidente. En las últimas oposiciones de Secundaria y FP de la Comunidad de Madrid, según los datos analizados por CCOO, quedaron sin cubrir el 69 % de las plazas de Informática y el 90 % de las de Sistemas y Aplicaciones Informáticas. En Castilla y León, el 80 % de las vacantes de Matemáticas quedaron desiertas. Y la OCDE ha dedicado su informe Panorama de la educación 2026 precisamente a la escasez de docentes. Cuando un ingeniero informático o una graduada en Matemáticas pueden ganar bastante más en una empresa, con más estabilidad y sin pasar por un máster y una oposición, el aula deja de ser una opción. Y eso lo terminan pagando nuestros alumnos.

La segunda decisión es priorizar las tareas de enseñanza y reducir la carga burocrática. El profesorado está para enseñar, para evaluar, para tutorizar y para atender a su alumnado. No para rellenar plataformas, duplicar informes o cumplimentar documentos que nadie va a leer. Buena parte de esa carga se podría resolver con algo tan sencillo como dotar a los centros de más personal de administración y servicios. Y digo especialmente a los colegios, porque en muchos centros de Infantil y Primaria es el propio equipo directivo, con horas que salen de la docencia, el que hace de administrativo, de gestor económico y de lo que haga falta. Lo veo cada semana.

Y ya que estoy, también hago autocrítica desde la parte que me toca: las administraciones, y la Inspección con ellas, tenemos que pedir lo que la norma exige y no más. Simplificar también es una forma de respetar el tiempo del profesorado.

Segunda propuesta: un nuevo sistema de oposiciones docentes viable

Este es un tema del que ya te he hablado en el blog, por ejemplo en El cambio de sistema en las oposiciones docentes, y sobre el que sigo pensando lo mismo: el modelo actual necesita un cambio, y ese cambio es posible sin grandes reformas legales.

Mi propuesta para la fase de oposición es sencilla de explicar.

La primera prueba consistiría en un examen tipo test sobre un temario basado en epígrafes. No en temas con enunciados enormes y genéricos que obligan a memorizar decenas de páginas, sino en epígrafes concretos que delimitan con claridad qué se tiene que saber. Un test bien construido es la prueba más objetiva que existe: todos los aspirantes responden a lo mismo, se corrige con los mismos criterios y no depende de la letra, de la caligrafía ni del tribunal que te toque.

La segunda prueba consistiría en la exposición oral de una propuesta de aplicación didáctica al aula. El aspirante sacaría por sorteo una de entre varias situaciones reales de la comunidad autónoma por la que oposita, referida al currículo vigente de aquellas materias, áreas o módulos sobre los que su especialidad tiene atribución docente. Dispondría de una hora para preparar esa propuesta, con todo el material técnico y normativo que considere conveniente, y después la expondría y defendería delante del tribunal.

¿Por qué creo que funciona? Porque se parece a lo que hace un docente de verdad. Ningún profesor se enfrenta a su grupo sin consultar el currículo, la normativa o sus materiales. Lo que marca la diferencia no es lo que has memorizado, sino lo que eres capaz de hacer con lo que sabes ante una situación concreta. Esta prueba acaba con las unidades didácticas enlatadas, permite al tribunal ver cómo razona el aspirante y reduce buena parte de esa sensación de lotería que hoy acompaña a tantos opositores.

Y es viable porque la estructura de las pruebas está en el Real Decreto 276/2007, que regula el ingreso en los cuerpos docentes. Es decir, se puede cambiar por Real Decreto, sin necesidad de tocar la ley orgánica. Solo hace falta voluntad, diálogo con las comunidades autónomas y un calendario de implantación que dé seguridad a quienes ya están preparándose.

Tercera propuesta: reforzar la autoridad del profesorado

La LOE ya establece que el profesorado tiene la consideración de autoridad pública. Pero la realidad es que cada comunidad autónoma lo ha desarrollado a su manera, y en estas mismas semanas se han aprobado nuevas leyes de autoridad del profesorado en Canarias y en Cantabria. El resultado es un mapa desigual en el que la protección de un docente depende del lugar donde trabaja.

Por eso propongo un marco estatal básico de autoridad docente que garantice a todo el profesorado, también al de la enseñanza concertada, la presunción de veracidad en el ejercicio de sus funciones, la asistencia jurídica gratuita, protocolos claros ante agresiones, insultos o acoso, incluidas las que llegan por redes sociales, y el respaldo inmediato de la administración cuando se produce un conflicto.

Ahora bien, la autoridad no se construye solo con leyes. También se construye cuando la administración respalda las decisiones pedagógicas del profesorado, cuando se respeta su criterio profesional en la evaluación y cuando no se le deja solo ante las familias. Y, desde luego, autoridad no es autoritarismo: es reconocimiento.

Otras propuestas para el profesorado que no pueden esperar

Hay más demandas del profesorado que el próximo Gobierno debería atender, y no quiero cerrar sin nombrarlas.

La primera es recuperar cuanto antes la reducción de ratios y de horas lectivas, que es probablemente la medida con más consenso de toda la comunidad educativa. La segunda es aprobar, por fin, el Estatuto Docente, que ordene de una vez el acceso, la carrera, la movilidad y las condiciones de trabajo de todo el profesorado. La tercera es reducir la interinidad, que sigue siendo demasiado alta en muchos territorios, con ofertas de empleo suficientes y procesos estables en el tiempo. La cuarta es avanzar hacia una equiparación retributiva entre comunidades autónomas, porque no tiene mucho sentido que dos docentes que hacen exactamente el mismo trabajo cobren cantidades tan distintas según el territorio, como están denunciando estos días los sindicatos en la Comunitat Valenciana. Y la quinta es cuidar la salud laboral del profesorado, con servicios de prevención específicos y una formación permanente que se pueda hacer dentro del horario de trabajo y no a costa del tiempo personal.

Lo que nos jugamos el 29N

Cada vez que hay elecciones se habla mucho de educación durante unas semanas y muy poco durante el resto de la legislatura. Ojalá esta vez sea distinto. Porque detrás de cada una de estas propuestas para el profesorado hay algo más importante que una reivindicación laboral: está la calidad de la educación que reciben nuestros alumnos. Un profesorado reconocido, bien seleccionado, con tiempo para enseñar y con respaldo cuando lo necesita es la mejor inversión que puede hacer un país.

Así que, vote quien vote cada uno el próximo domingo, me gustaría que estas ideas llegasen a quienes van a gobernar. Seguro que tú tienes más propuestas.

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