La convocatoria de oposiciones al Cuerpo de Maestros en 2025 es un tema de gran interés para los docentes aspirantes en Andalucía. A diferencia de otras comunidades autónomas, que en su mayoría celebrarán oposiciones para cuerpos distintos al de Maestros (a excepción de Castilla y León que tiene una singularidad propia conforme expliqué en el artículo de la semana pasada), Andalucía se encuentra en una posición única, especialmente porque no requiere el dominio de una lengua oficial.

Esta singularidad se deriva de las declaraciones realizadas por la anterior Consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, D.ª Patricia del Pozo, quien en sede parlamentaria afirmó que se convocarían alrededor de 14.000 plazas docentes entre 2025 y 2026, distribuidas en aproximadamente 7.000 plazas anuales. Según estas declaraciones, habría oposiciones en dos años consecutivos, lo cual ha sido reflejado en medios de comunicación y portales de diversos sindicatos educativos.

Sin embargo, a día de hoy, la única oferta de empleo público docente publicada es la correspondiente a 2022, aprobada mediante el Decreto 256/2023 del 10 de octubre, por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público correspondiente al año 2023 para el ingreso en los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, de Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, de Catedráticos de Música y Artes Escénicas, de Profesores de Música y Artes Escénicas, de Maestros y de Profesores Especialistas en Sectores Singulares de Formación Profesional, para la adquisición de nuevas especialidades de los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria y de Maestros, y por el que se modifica el Decreto 549/2022, de 29 de noviembre, por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público, correspondiente al año 2022, para el acceso a los Cuerpos de Inspectores de Educación y de Catedráticos de Música y Artes Escénicas y publicada en el BOJA n.º 198 de 15 de octubre de 2023. No obstante, las plazas anunciadas por la anterior consejera para 2023 y potencialmente 2024 aún no se han aprobado ni publicado.

Un punto clave es que la Administración educativa andaluza no está legalmente obligada a convocar oposiciones al Cuerpo de Maestros en 2025. El artículo 2 del Decreto 256/2023 establece que la convocatoria se realizará por orden de la consejería competente, dentro del plazo máximo de tres años estipulados por el artículo 70.1 del Estatuto Básico del Empleado Público. Este plazo culmina el 15 de octubre de 2026, lo que permite a la Consejería organizar las oposiciones hasta esa fecha, incluso acumulando plazas de las ofertas de 2023, 2024 y, en su caso, 2025.

Convocar oposiciones en 2025, sumando nuevas plazas a las 1.000 ya aprobadas en el Decreto 256/2023, podría provocar un «efecto llamada», dado que en Andalucía no existe un requisito lingüístico y la oferta significativa de plazas atraería a opositores de otras comunidades, especialmente de las comunidades autónomas limítrofes que no van a convocar oposiciones de maestros en el año 2025, algo por otro lado legítimo para esos aspirantes que no deben renunciar a ninguna de las oportunidades de poder aspirar a conseguir una plaza. Además, esto podría generar una saturación en las listas de interinos, sin perjuicio del previsible traslado hacia otras comunidades autónomas en años posteriores para aquellos aspirantes que consigan la plaza y deseen concursar para obtener destino en su comunidad de procedencia.

Esta estrategia parece carecer de visión de largo plazo si el objetivo es favorecer a los opositores andaluces, aunque la Administración podría justificarlo como «la mayor oferta de plazas de la historia» que es lo que se entrevé de las declaraciones de la anterior titular de la Consejería de Educación. La clave radica en una planificación cuidadosa y coordinada, más aún cuando la ausencia de un requisito de lengua oficial brinda flexibilidad para organizar oposiciones en los cuerpos docentes.

Surge, por tanto, la pregunta: ¿No sería más razonable establecer un calendario coherente y sincronizado con otras comunidades autónomas sin lengua oficial para garantizar una distribución equilibrada y eficaz de las convocatorias?