A menos de un mes para que termine el año 2024, las administraciones educativas tienen la obligación de presentar en las mesas sectoriales la oferta de empleo público docente correspondiente a este ejercicio. Esta decisión no solo definirá el número de plazas disponibles, sino también los cuerpos en los que se celebrarán oposiciones en 2025, marcando un momento clave para miles de aspirantes. De hecho, la inmensa mayoría ya la han aprobado o determinado en qué cuerpos docentes convocarán oposiciones el próximo año.
En las comunidades autónomas sin lengua oficial, este proceso adquiere especial relevancia por el fenómeno de trasvase de opositores. Si en sus comunidades de residencia no se convocan plazas del cuerpo o especialidad de interés, muchos aspirantes buscarán opciones en otras regiones, lo que podría alterar el equilibrio entre convocatorias y demanda en estas zonas. Algo que por otro lado es legítimo y aconsejable porque cuando uno es aspirante no debe dejar pasar ninguna oportunidad.
Como hemos analizado anteriormente, la mayoría de comunidades sin lengua oficial optará por convocar oposiciones en cuerpos distintos al de Maestros en 2025. Solo Cantabria y Castilla y León, hasta ahora, han confirmado plazas para este cuerpo en dichas comunidades. El caso de Cantabria se sabe desde hace meses y con el plazo de inscripción cerrado desde hace mucho. La singularidad de Castilla y León también ha sido explicada en este blog por arrastrar plazas de la OEP del año 2022 que sí o sí tenían que convocarse si no se querían perder.
Por su parte, Canarias se suma a la lista con una reciente propuesta anunciada tras la mesa técnica del 28 de noviembre. Según los sindicatos, la Consejería de Educación canaria planea convocar 330 plazas para el Cuerpo de Maestros, aunque excluyendo las especialidades de Educación Infantil y Alemán. Esta medida ha generado rechazo sindical, ya que contrasta con la tendencia general de convocar plazas en Secundaria, lo que consideran más adecuado a las necesidades actuales.
El sindicato ANPE Canarias ha justificado esta decisión, citando a la propia Consejería de Educación, Formación Profesional y Actividad Física y Deporte, en la necesidad de cumplir con el límite legal de tres años para cubrir plazas vacantes mediante interino personal, tal como lo establece el artículo 10.1, apartado a), del Real Decreto Legislativo 5/2015. Sin embargo, esta interpretación resulta controvertida. Según el artículo 10.4 del mismo texto, la relación de interinidad debe finalizar tras tres años, permitiendo que solo funcionarios de carrera ocupen las vacantes. Esto plantea preguntas: ¿existen realmente interinos docentes que hayan ocupado una misma vacante de manera ininterrumpida durante tres años? ¿Podría esta medida implicar la exclusión de interinos de las listas, un escenario que generaría un escenario inédito en el ámbito educativo?
Parece que no se sostiene el argumento de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias.
Por otro lado, Andalucía se encuentra en el foco de atención. En esta comunidad, el anuncio de una posible convocatoria de oposiciones para el Cuerpo de Maestros en 2025 ya ha generado movilizaciones en contra. No se trata de un rechazo a las oposiciones en sí, sino a la falta de coordinación con otras comunidades autónomas sin lengua oficial. Este desajuste podría fomentar el denominado «efecto llamada», con un aumento significativo en las listas de interinos andaluzas, ya saturadas, y generando falsas expectativas laborales entre los posibles nuevos integrantes de las mismas. Al menos, con el actual sistema de configuración de las listas de interinos.
Estos días son decisivos. En comunidades como Canarias y Andalucía, es fundamental que tanto las administraciones como los sindicatos afronten las decisiones con una visión estratégica, valorando el impacto a medio y largo plazo. Evitar decisiones apresuradas será clave para prevenir desigualdades y tensiones entre comunidades.
Finalmente, cabe señalar que, de confirmarse estas convocatorias, supondrán una oportunidad valiosa para quienes aspiran a obtener una plaza como funcionario de carrera docente. Incluso en contextos complejos, presentarse a oposiciones sigue siendo una opción legítima para aquellos que desean alcanzar la estabilidad laboral en el ámbito educativo, una aspiración que refleja la esencia misma de nuestro sistema y no desviemos el foco: el que aspira, sea cual sea su comunidad autónoma de residencia, nunca es responsable de aquellos quienes tienen la competencia para decidir en qué cuerpos se convocan oposiciones en el año 2025. Al final, la cuestión se trata de decidir si se mira con las luces largas o cortas.
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